El ejecutivo nacional inició la transferencia de la gestión y administración de empresas públicas al sector privado bajo el marco de la Ley Antibloqueo, con el objetivo de reactivar la producción y atraer inversiones comerciales e industriales.
La gestión se ejecuta a través de contratos de administración y alianzas estratégicas regidas por cláusulas de confidencialidad y reserva de términos contractuales.
Sin embargo, gremios y economistas señalan que este marco normativo limita la auditoría pública y la contraloría social, al ocultar la identidad de los inversionistas, los montos de las operaciones y las condiciones en el reparto de dividendos.