La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos.
El instrumento fue sancionado la semana pasada por la Asamblea Nacional (AN).
En una sentencia publicada el pasado 27 de marzo, el máximo tribunal ratificó que la norma cumple con la totalidad de los requisitos legales y constitucionales necesarios para su entrada en vigor.
Con esta implementación, las autoridades buscan disminuir drásticamente los plazos de tramitación y respuesta ante las diversas solicitudes.